Revisan criterios para armonizar la Reforma Judicial en Jalisco

Óliver Zazueta 

Sumar la declaratoria 3 de 3 como parámetro de evaluación de integridad, que los candidatos no sean deudores alimentarios, tener un perfil psicológico de ellos, prohibir la militancia de funcionarios judiciales en partidos políticos y reducir el número de jueces y magistrados a elegir son algunos de los criterios que se propondrán en la armonización de la reforma judicial para el estado de Jalisco. 

Lo anterior formó parte del foro de diálogo y propuestas que se llevó a cabo con barras de abogados, colegios de notarios, academia y especialistas, del cual el ITESO fue sede en la Casa ITESO Clavigero, bajo el título “¿Qué Poder Judicial necesita Jalisco?”, como parte de una serie de mesas de trabajo que se están celebrando desde el 23 de enero en varias instituciones. 

La primera mesa de análisis fue moderada por Marcos del Rosario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Dsoj) del ITESO, y por Augusto Chacón, titular del observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos, y también participó Arturo Zamora, coordinador del Gobierno del Estado del proceso de armonización de la Reforma Judicial. 

“Queremos que dentro de los requisitos también se incluya la 3 de 3, que se haga una declaración de intereses, que se establezca claramente que sean independientes de partidos políticos. Es un asunto muy importante que hemos recogido para el tema de los funcionarios públicos en el ámbito de la justicia”, dijo Zamora, quien también recalcó que es importante que no solo los candidatos a jueces y magistrados cumplan los criterios, sino también los propios comités que designarán a los candidatos. 

“Es clave, porque ellos son el filtro, que sean muy rigurosos, que se trate de personas que estén alejadas de poderes fácticos o reales, que tengan prestigio y gocen de buena fama pública; que de alguna manera sean propuestas por las universidades públicas, privadas, por organizaciones del sector privado, que ellos formen parte de estos comités. En estos foros hemos recogido de manera generalizada el sentir de que los juicios se deben agilizar, de tal manera que en leyes secundarias seguramente tendremos que establecer criterios para que los juicios tengan un plazo máximo de resolución, porque la gente está esperando que haya una justicia rápida, expedita, gratuita y que se garantice completa y absoluta imparcialidad”, expresó Zamora. 

Para Jesús Ibarra Cárdenas, coordinador de la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción del ITESO, en la reforma judicial federal los requisitos de elegibilidad para jueces y magistrados son pobres. La apuesta para Jalisco debe considerar qué tanto se puede agregar criterios sin romper con la reforma, para evitar que esta armonización se pudiera impugnar. También reveló que otra de las propuestas emanadas de este grupo interdisciplinario ha sido la necesidad de contar con una metodología única de evaluación de parte de los tres comités de evaluación, que son los que van a evaluar los perfiles judiciales. Esto permitirá reconstruir el proceso de evaluación a solicitud de cualquier ciudadano.  

“Otra cuestión importante es que el elector debería tener claridad sobre a quién está eligiendo, pero si son demasiados candidatos es imposible en una boleta tener una elección razonada. ¿Cuál es la propuesta?, reducir el número de candidatos por cada cargo de elección, en vez de ser diez personas y luego reducirlas con la tómbola (como ocurrió a nivel federal). Mejor proponemos que de cada comité de evaluación surjan máximo dos personas. La idea también será reducir el número de magistrados y jueces elegidos (hoy son 34), es algo en lo que aún no logramos acuerdo”, destacó. 

Alejandra Quezada, coordinadora de investigación de la organización Juicio Justo, consideró que es vital que toda las etapas del proceso cuenten con medidas de transparencia efectivas, y que, además, en la elección de los perfiles no solo se piense en requisitos, sino también en prohibiciones y restricciones: “están en sus manos nuestros derechos y así como son importantes los requisitos de experiencia, conocimiento y mérito, es importante que no tengan vínculos con cargos en el Poder Ejecutivo o en el mismo Poder Judicial. Incluso hay que preguntarnos si será importante que no tengan vínculos políticos, religiosos, militares; definir candados que nos permitan tener un perfil de juez verdaderamente profesional, independiente y que no va a tener ningún tipo de interés más que la impartición de justicia”. 

Para Ana Sofía Torres, profesora del Dsoj, valdría la pena incorporar cuál es la forma teórica de entender el derecho de los candidatos y el entendimiento que tienen de la realidad: “un juzgador, de la forma en que toma una decisión es basándose en una teoría del derecho y con ello está tomando una decisión de tipo político o moral. Es ver de qué forma vamos a tener juzgadores independientes y que hagan una declaración de su posición, para saber a quienes estamos eligiendo”.  

Consideró relevante recuperar el sentido común y lo humano en el Poder Judicial, y elegir jueces capaces de empatizar y entender al otro, y construir una justicia que resuelva conflictos. “Hay que hacer una guía más clara y hacer explícita la parte de lo humano, va a ser más complejo, porque es como enseñar ética. Pero si en ese proceso se hace explícita esta forma de evaluación, estableceremos un rol de jugador que pueda juzgar estos conflictos en las instituciones”. 

El 14 de marzo deberá ser aprobada la armonización de la reforma en el Congreso del Estado y para ello se tiene pensado que el gobernador Pablo Lemus envíe una propuesta en la que se incorporen algunas de las disposiciones sugeridas en estas mesas de consulta, entre las que Zamora destacó opiniones en el sentido de que los jueces deben conocer profundamente a su comunidad y entender sus anhelos, garantizar el principio de equidad de género, pero también otros procedimientos incluyentes: “hay propuestas para que en las zonas indígenas, los jueces puedan ser egresados de las universidades que están allá, con los wixárikas ya hay muchos abogados y ellos entienden las costumbres, las formas de vida, su origen, su idiosincrasia y tradiciones”. 

Zamora también enfatizó la advertencia de que se debe cuidar que en la iniciativa no se incurra en un conflicto de normas constitucionales, pues la idea es que cuando se entregue a los legisladores, sepan que es la voz de la ciudadanía la que se está trasladando a través de la reforma y sea aprobada: “yo creo que no vamos a tener ningún problema en tanto no se pongan como requisito elementos que trasgredan derechos humanos elementales, nacionales o supranacionales. La ley en materia federal establece cuáles son los requisitos mínimos, pero no cuáles son los máximos. Aquí habrá un gran paso de éxito de la sociedad civil en la implementación de requisitos más fuertes y sólidos”. 

Como parte del foro se llevaron a cabo otras dos mesas de trabajo aparte del tema de la elección de jueces y magistrados: la segunda fue en torno a quienes van a conformar el Tribunal de Disciplina Judicial, que evaluará el desempeño de las y los jueces en el futuro, y otra más sobre rendición de cuentas y control constitucional local.