¿México tendrá una presidenta y un gobierno feminista en 2024?
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¿México tendrá una presidenta y un gobierno feminista en 2024?
La respuesta simple y llana es no. Ni todas las mujeres son feministas, ni todas las mujeres en la política abanderan la denominada agenda de género.
Ruth Elizabeth Prado Pérez
Departamento de Estudios Socio Políticos y Jurídicos
El proceso electoral de 2024 será histórico no solo porque el número de candidaturas y cargos en disputa no tiene precedente, sino porque muy probablemente México elegirá a su primera presidenta. Pero antes de echar las campanas al vuelo por las mujeres, los feminismos y la igualdad, habría que preguntarse: ¿Cambiará algo si el poder ejecutivo es encabezado por una mujer?, ¿podría asumirse que el gobierno será feminista?, ¿se acelerará el avance de la agenda de género?
Estas interrogantes se ubican en la intersección entre género y política, por lo que valdría la pena identificar algunos aspectos clave en torno a ellas. Este texto intenta contribuir con algunas reflexiones y precisiones al respecto.
Hace 70 años, el 17 de octubre de 1953, se promulgaron las reformas constitucionales que les reconocieron a las mujeres el derecho al voto a nivel federal, lo que les permitió votar y, en teoría, ser votadas. Sin embargo, durante las décadas siguientes, las estructuras partidistas patriarcales permanecieron intactas, el poder siguió en manos de los hombres mientras que las mujeres fueron relegadas a un papel marginal. No fue sino hasta 2002, con la introducción de cuotas que obligaron a los partidos políticos a postular géneros distintos en un porcentaje de 70-30, y la posterior incorporación del principio de paridad (50-50) en la constitución en 2016, que incrementó la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el ámbito legislativo. Pero esto no se reflejó en el poder ejecutivo en ninguno de los tres niveles del gobierno (municipal, estatal y federal). Con esto, la denominada “agenda de género” —es decir, aquellos temas que les interesan a las mujeres y los problemas que las aquejan—, se incorporó a la discusión pública y se empezó a legislar a partir de los desafíos inherentes a esta agenda.
Entonces, ¿podría esperarse que un gobierno encabezado por una mujer promueva la agenda de género y sea considerado feminista? La respuesta simple y llana es no. Ni todas las mujeres son feministas, ni todas las mujeres en la política abanderan la denominada agenda de género. Existe una gran diversidad entre las mujeres, y tienen diferentes intereses y perspectivas.
Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, candidatas a la presidencia de México, no son reconocidas por su feminismo ni por su participación en la lucha de las mujeres por sus derechos. La postura de ambas frente al tema es, hasta cierto punto, difusa. Al señalar que “es tiempo de las mujeres”, como parte de su estrategia electoral, Claudia Sheinbaum ha promovido en diversos foros y documentos la idea de un “feminismo social”, entendido como aquel en el que la desigualdad debe atajarse a partir de sus causas estructurales, argumentando que “por el bien de todas, primero las pobres”. Este feminismo enfatiza la justicia social y económica como eje articulador, lo cual conlleva el riesgo de confundir los programas sociales, o medidas asistenciales, con acciones destinadas a reducir la brecha de género. Con esta postura, Claudia Sheinbaum se alinea con el “humanismo mexicano” promovido por el actual gobierno, y además refleja la continuidad con la administración de la Cuarta Transformación, que tanto ha quedado a deberles a las mujeres y a las organizaciones y colectivos feministas.
Claudia Sheinbaum también lleva a cuestas las críticas por las medidas que tomó para contener las manifestaciones de mujeres durante su mandato como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Además, se le señala por su falta de oposición a las acciones del gobierno de López Obrador, consideradas como medidas regresivas en lo que respecta a los derechos de las mujeres, como la eliminación de las escuelas de tiempo completo o las estancias infantiles.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, a pesar de que en su discurso expresa apoyo a una agenda liberal, es senadora por el Partido Acción Nacional, el cual ha sido renuente en avanzar en temas como la despenalización del aborto. Además, en los últimos meses, Xóchitl ha preferido no pronunciarse a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, argumentando que, como candidata del Frente Amplio por México, debe respetar la diversidad de posturas dentro de la coalición. Esto evidencia cómo las dinámicas partidistas patriarcales continúan limitando a las mujeres en la búsqueda de escalar en el ámbito político.
Entonces, se puede concluir que si bien la elección de una mujer como presidenta de México es resultado de la lucha de las mujeres por sus derechos político-electorales —en gran medida liderada por el movimiento feminista—, ninguna de las candidatas presidenciales ha respaldado públicamente la agenda feminista o de género. Esto podría deberse al alto costo político que aún implica en un sistema político predominantemente masculino y patriarcal. Así que tener una mujer como presidenta no garantiza un gobierno feminista, mucho menos que hayamos alcanzado la equidad en la política o la igualdad sustantiva.
Quizá lo más importante de ser gobernados por una mujer sea el poder simbólico que esto representa, especialmente para las generaciones de mujeres mayores que experimentaron la limitación de sus derechos político-electorales en el pasado, así como para las generaciones más jóvenes, y la niñez, que están creciendo en un país donde la participación política femenina es más común. Sin embargo, sin una presidenta feminista que respalde abiertamente el feminismo será difícil avanzar hacia la transformación del sistema político patriarcal mexicano. Los partidos políticos aún no han asimilado el papel que las mujeres están destinadas a desempeñar en la política nacional ni están dispuestos a adoptar otras formas de hacer política o a cambiar sus modos de proceder.
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